Una cadena de obstáculos genera retardación de justicia
Los juzgados en El Alto, es una de las principales instituciones, donde una gran cantidad de litigantes ocupan oficinas, pasillos, y patios con sus allegados o solos, a la espera de no ser sorprendidos con alguna actuación inadecuada de alguno de los administradores de justicia o simplemente demandar alguna audiencia, bajo la lógica de lograr justicia.
La recarga procesal en juzgados es determinante para la retardación de justicia. Informes anuales de 2012, 2013 y 2014 del Consejo de la Magistratura demuestran datos alarmantes de ciudades y provincias de casos que ingresan a los juzgados, casos que se encuentran sin sentencia y algunos que todavía se encuentran en proceso judicial.
Juan Villca es uno de los litigantes que acude frecuentemente a los juzgados en la ciudad de El Alto, desde la pasada gestión. Tiene la esperanza de lograr sentencia en un caso de estafa, estelionato, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, en un juicio oral.
Villca invirtió $us 15.000 en su juicio, monto que representa el mismo valor económico que buscaba recuperar en su demanda, también destino bastante tiempo para que sus cinco de mandados no queden impunes. Él observa que una de las mayores dificultades que impiden llegar a la sentencia es la constante suspensión de audiencias y la renuncia de jueces técnicos, además de fijarse solo media hora de audiencia, tiempo reducido, donde no se logra exponer las evidencias y los riesgos procesales.
El demandante se mantuvo atento a la conclusión de su audiencia, pero como muchas otras en la que él participa, esta también fue suspendida, hasta nuevo aviso.
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En tanto el Fiscal Harold Jarandilla da cuenta que existe un segundo factor que perjudica los procesos judiciales y que también genera retardación de justicia, que es la falta de profesionalismo por parte de los investigadores de la FELCC. Por lo que propone que esta instancia debiera ser independice de la Policía Boliviana y los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sea una especialidad con formación superior y evitar que funcionarios policiales asuman el servicio como un destino más.
“Recolectar evidencias, proteger la cadena de custodia, lograr mejores resultados científicos, debiera ser lo óptimo, mientras que en la actualidad cualquier funcionarios de la policía logra ser destinado a dicha dependencia, donde en dos días es capacitado y se espera que responda” informó el Fiscal.
Con todo esto se genera el desconocimiento de la Ley, la vulneración de los derechos constitucionales, para ambas partes, maltrato, una ineficiente investigación además de un incumplimiento de plazos procesales.
El uso constante de los funcionarios policiales, cuando existe conflictos sociales, como marchas, vigilias u otros casos, ocasiona a que los efectivos policiales también sean destinados como apoyo a los grupos de represión y control de la plaza Murillo, tiempo en que los casos a ser investigados se paralizan.
El representante del Ministerio Público si bien hace una comparación de otros factores, como infraestructura y sueldos en comparación con países de Latinoamérica, el ejercicio genera decepción, por la falta de una mayor inversión presupuestaría a partir del Estado.
El fiscal Jarandilla atiende por año entre 3.000 a 4.000 casos, con cuatro funcionarios, donde todos son pasantes universitarios que podrían estar involucrados en casos de corrupción debido a que no cuentan con una remuneración.
Si bien en la actualidad podrían definirse la designación de dos fiscales de actuación, para coordinar mejor el trabajo, se espera que dicha modificación busque reducir la carga procesal.
Por otra parte, las personas de la tercera edad, son un grupo vulnerable a ser extorsionados, estafados y sorprendidos en su buena fe, como resultado de su falta de conocimiento de poder prevenir la comisión de algún ilícito en su contra. Ese fue uno de los resultados en contra de Maruja Díaz quien fue sorprendida por una pareja quien buscaba comprar su casa y a sola forma realizado en un papel, fue el instrumento que sirvió para lograr falsificar documentos del título de propiedad de su vivienda, que ella nunca vendió y que estar en riesgo de perderla y quedarse en la calle.
Por día ingresan entre 15 a 25 denuncias, sobre todo los fines de semana, de los cuales ellos deben remitirlo al ministerio público, instancia que define la anulación o la apertura de proceso judicial. Esta instancia también coincide con la falta de mayor presupuesto que deba ser invertido en los equipos de investigación, traslado de investigadores y mayor cantidad de efectivos con la finalidad de que se mantengan como un área especializada.
Casos que se encuentran en proceso judicial
“Yo no gano nada con este destino, si por lo menos fuera una especialidad de la cual se lograra al final la posibilidad de ascender por méritos de acuerdo a los casos investigados y resolver hasta el final cada uno de ellos, existe la posibilidad de que sea una unidad más científica. En la actualidad es un destino más”, expresó Mirko uno de los investigadores que solicitó la reserva de identidad por temor a represalias según la Ley 101.
Por todos estos hechos que retardan la justicia en la ciudad de El Alto surgió la Asociación de Victimas de la Justicia que protestan contra la burocratización y la mercantilización de la justicia. Una de las primeras organizaciones a nivel latinoamericana que demuestran la vulneración de todos los derechos constitucionales de la población litigante.
Extraído ATB noticias
El Gobierno anunció la realización de una Cumbre de Justicia en Sucre para junio, la misma que de acuerdo con algunos litigantes y representantes del ministerio público, serviría solo para institucionalizar la politización del órgano Judicial, con el propósito de que autoridades de gobierno logren el ingreso de sus correligionarios abogados de jueces y fiscales y no atender la demanda de los litigantes, organizados en una Asociación de Víctimas de la Justicia.
